Con más de 98 millones de votantes elegibles, unos 70.000 candidatos y más de 20.000 cargos públicos en disputa, las elecciones generales de México del 2 de junio serán las más grandes en la historia del país.

Pero no es la escala masiva de las elecciones mexicanas lo que llama más la atención, gran parte del impacto se verá fuera des sus fronteras. La votación se celebra el mismo año que las elecciones presidenciales de Estados Unidos –algo que ocurre sólo una vez cada 12 años– y llega en un momento de transición en la relación entre los dos países.

Por primera vez en la historia, el país parece dispuesto a elegir a su primera mujer presidenta. Las dos favoritas son mujeres: Claudia Sheinbaum, del partido Morena, respaldada por la coalición gobernante Sigamos Haciendo Historia, y Xóchitl Gálvez, respaldada por una coalición de partidos de oposición.

La votación también es importante porque se celebra el mismo año que las elecciones presidenciales de Estados Unidos (algo que ocurre sólo una vez cada 12 años) y llega en un momento de transición en la relación entre los dos países.

El próximo gobierno de México enfrenta la delicada tarea de reducir el creciente déficit del país y al mismo tiempo evitar una desaceleración más pronunciada en el crecimiento económico.

El Financial Times informó la semana pasada que entre las medidas discutidas por los funcionarios del gobierno para reducir el déficit se encuentran la restricción de las deducciones fiscales para los prestamistas del país, e incluso un impuesto a las ganancias extraordinarias.

La idea de atacar a los bancos surge en medio de un contexto más amplio de preocupación por el estado de derecho en el país, cuando López Obrador propuso el año pasado la elección de jueces de la Corte Suprema y funcionarios electorales mediante votos populares. Si bien el partido Morena no obtuvo los votos necesarios para que la propuesta fuera aprobada en el Congreso, tiene la intención de intentarlo nuevamente después de las elecciones del próximo domingo.

¿Nearshoring?

En un panorama de comercio internacional cada vez más fragmentado, México es visto como uno de los principales beneficiarios de la tendencia “nearshoring” , donde la tendencia consistiría en que las empresas transfieran progresivamente parte de su producción a otros países cercanos a sus mercados siendo Estados Unidos la opción más viable dada la proximidad.

Hasta la fecha, más de 3.000 empresas asiáticas se han establecido en el país, y en particular las empresas chinas han echado raíces  en un intento por minimizar la exposición a las crecientes tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Con las importaciones chinas a Estados Unidos cayendo significativamente desde que Estados Unidos comenzó a imponer aranceles bajo el presidente Trump, México superó a China para convertirse en el mayor socio comercial de Estados Unidos el año pasado.

La inversión extranjera directa en México vinculada a la reubicación de cadenas de suministro creció un 47 por ciento durante los primeros nueve meses de 2023, según un estudio del Instituto Mexicano de Competitividad. Sin embargo, si bien la economía de México (y los flujos de ingresos bancarios) se han beneficiado del fenómeno del nearshoring, el beneficio está muy por debajo de lo que debería ser alcanzable.

La clave para facilitar este cambio fue la creación del acuerdo comercial T-MEC, que entró en vigor en 2020 entre México, Estados Unidos y Canadá. El T-MEC ofreció, en ese contexto favorable, un marco legal regulatorio que brindó mucha certidumbre a los tres países norteamericanos, y México aprovechó las oportunidades fortaleciendo sus aranceles preferenciales.

Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas. El cumplimiento por parte de México del T-MEC ha sido un tema de discordia entre la administración del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y la del presidente estadounidense, Joe Biden, y su predecesor, Donald Trump. El próximo presidente de México tendrá que lidiar con una serie de disputas legales que Estados Unidos, apoyado por Canadá, ha presentado en el marco del T-MEC.

Un área clara de crecimiento para los bancos mexicanos (que cuenta con el apoyo de los dos principales candidatos políticos del país) es impulsar la inclusión financiera, una oportunidad disponible para los prestamistas, a pesar de la desaceleración del crecimiento del PIB. Y aquí se polarizan las decisiones por cada candidato, por un lado, Gálvez ha enfatizado repetidamente la necesidad de mejorar la inclusión financiera en el país, que sigue siendo baja en comparación con los estándares de la región en general. Mientras tanto, Sheinbaum desea ampliar aún más las sucursales del banco de desarrollo Banco del Bienestar, creado en 2020 para promover la inclusión financiera a través de ahorros y préstamos para individuos.

Sin embargo, aumentar el acceso financiero sigue siendo una tarea difícil para los bancos, y la administración política entrante requiere una serie de reformas. De particular importancia son los cambios en los largos procesos de resolución de quiebras del país, que contribuyen a altos niveles de cancelaciones en todo el sistema bancario, según Moody’s.

Según Moody’s, es poco probable que se aprueben reformas clave en el futuro cercano, ya que se espera que el próximo gobierno tenga un capital político significativamente menor que el de la administración actual. Frente a tal situación, los préstamos al consumo apuntalarán el crecimiento en los próximos 12 meses, respaldados por un bajo desempleo y un flujo saludable de remesas entrantes, esperando un posible crecimiento del 10% en los préstamos, impulsado principalmente por los préstamos al consumo.

Para el caso de la industria Las empresas están tratando de establecer un centro de fabricación de bajo costo con estrechos vínculos con Estados Unidos; México se beneficiará de una mayor inversión extranjera directa, un crecimiento de las exportaciones y ganancias de productividad.

Pero, en general, esto no se cumplió. Si bien México ha construido una sólida base manufacturera en el norte, el resto del país ha experimentado pocos avances económicos. En lugar de lograr un crecimiento de recuperación, el PIB per cápita de México se ha quedado aún más atrás que el de Estados Unidos desde que se unió al T-MEC, según los tipos de cambio del mercado y en términos de paridad de poder adquisitivo.

Las razones clave de este bajo desempeño incluyen el deficiente entorno empresarial empañado por la delincuencia, la corrupción y el débil estado de derecho. La gran mayoría de los economistas del sector privado encuestados por el Banco de México seleccionaron estos tres factores como los principales obstáculos para hacer negocios en México durante los últimos cinco años. También hay una falta de competencia en las industrias nacionales, especialmente en el sector energético. El gobierno actual ha seguido apuntalando a la debilitada petrolera estatal Pemex y disuadiendo la participación del sector privado. Eso ha contribuido a una mala asignación de los recursos gubernamentales y a un sector energético ineficiente.

México tiene la oportunidad de beneficiarse del nearshoring, pero el éxito no está garantizado. Se necesitarán reformas estructurales para abordar la corrupción y el crimen y al mismo tiempo fomentar una mayor competencia en la economía nacional, particularmente en el sector energético. Queda por ver si el próximo gobierno de México estará dispuesto o será capaz de alterar el panorama.